Tras la entrada en vigor del Decreto 572 del 28 de mayo de 2025, que impone un nuevo impuesto del 3,5% sobre las ventas brutas a los juegos de suerte y azar, los operadores del sector enfrentan una presión tributaria inédita. El cambio afecta tanto a casinos localizados como a plataformas online reguladas por Coljuegos.
Frente a esta coyuntura, Coljuegos deberá considerar medidas que mitiguen el impacto operativo y financiero, especialmente en operadores medianos y pequeños. De no hacerlo, el riesgo de cierre de salas, informalidad y reducción del recaudo estatal se amplifica.
Entre las acciones viables, se sugiere:
- Ajustes temporales en las garantías de cumplimiento exigidas en contratos de concesión.
- Reducción o congelamiento del canon mínimo mensual en regiones con baja densidad de juego.
- Aplazamiento parcial del pago del impuesto en los primeros seis meses, permitiendo transición y flujo de caja.
- Evaluación del modelo de renta mínima garantizada, dado que el nuevo impuesto reduce el margen neto del operador.
El reto de Coljuegos será encontrar el equilibrio entre mantener el recaudo y preservar la sostenibilidad del ecosistema regulado. La industria legal de juegos aporta más de $750.000 millones anuales a la salud, y medidas oportunas pueden evitar que este nuevo tributo termine debilitando su base.
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